Las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump se enfrentan a un embate jurídico renovado, dado que una coalición de fiscales generales demócratas, agrupaciones sin fines de lucro y empresas privadas anunciaron que se opondrían a la revocación de las protecciones de la era de Obama para las personas que llegaron al país de manera ilegal en la infancia.

Retomaron en parte la campaña en contra del veto al ingreso de personas de países de mayoría musulmana que hubo a principios de este año. Un grupo de 16 fiscales generales —todos demócratas— presentaron una demanda en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn en la que argumentan que Trump había revocado de manera inapropiada la política conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, su sigla en inglés).

La iniciativa es encabezada por los fiscales generales Eric T. Schneiderman, de Nueva York; Maura Healey, de Massachusetts, y Bob Ferguson, de Washington. Los funcionarios alegaron que el cambio de Trump estaba motivado por su animadversión contra los mexicano-estadounidenses y que el gobierno de Trump no siguió las normas federales que regulan la creación de políticas ejecutivas.

Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, anunció el 5 de septiembre pasado que el gobierno de Trump eliminaría gradualmente el programa DACA a partir de marzo del año que entra. La decisión se dio mientras un grupo de fiscales generales republicanos amenazaban con demandar al gobierno si no ponía fin al programa.

Schneiderman, quien anunció la impugnación el 6 de septiembre acompañado de un grupo de jóvenes inmigrantes y defensores de los migrantes, acusó al gobierno de Trump de usar la amenaza de las demandas como “pretexto” para ocultar lo que dijo era su verdadera motivación: un sesgo contra los migrantes y los latinos.

La demanda de Schneiderman establece que “terminar con DACA, cuyos beneficiarios son principalmente de origen mexicano, es la culminación de las promesas que el presidente Trump ha mencionado una y otra vez —ya sea que las considere como opinión personal, las haya mencionado para apaciguar a una parte de sus electores o una combinación de ambas— para castigar y denigrar a las personas de origen mexicano”.

En una entrevista ese mismo día, Schneiderman dijo: “Me parece que el tribunal examinará lo que hay detrás del cambio en la política y concluirá que los razonamientos que se dieron ayer no tienen sentido”.

Se esperan más demandas. Xavier Becerra, el fiscal general de California y también demócrata, planea impugnar por separado los planes de Trump, según comentaron personas que están al tanto de sus planes. Varias empresas importantes pretenden unirse a las demandas. Dos de ellas, Microsoft y Amazon, han prometido pagar los gastos legales de los empleados que sean susceptibles de ser deportados.

La estrategia legal con poca coordinación tiene un futuro incierto y puede convertirse en una especie de medida precautoria para los que están a favor de DACA, quienes además están involucrados en una feroz campaña que busca incitar al congreso a aprobar el DREAM Act, la ley que protegería de la deportación a los que forman parte del programa. Si el esfuerzo legislativo se desmorona, una impugnación de la corte podría convertirse en un vehículo alterno para poner fin o postergar las políticas del presidente.

Hasta cierto punto, la batalla jurídica podría reproducir algunos de los argumentos en torno a las restricciones de viaje de Trump, que pusieron en duda el alcance de los poderes tradicionalmente amplios de la presidencia con el argumento de que este gobierno ha abusado de su autoridad, particularmente en materia de políticas públicas.

No obstante, los presidentes por lo general tienen una amplia discrecionalidad en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y el control fronterizo, y los opositores jurídicos de la política de Trump están en la posición incómoda de argumentar que, aunque el presidente Barack Obama tuvo la facultad presidencial para crear DACA, Trump no tiene la autoridad para acabar con este programa si así lo decide. El gobierno también puede alegar que socavar la decisión de Trump de anular el programa transgrede su facultad de hacer cumplir las leyes migratorias.

Jonathan Turley, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, afirmó que el programa de Obama siempre iba a estar supeditado a los caprichos de su sucesor.

“Sería realmente extraño que el presidente Trump no pudiera usar la misma autoridad que el presidente Obama usó para crear DACA”, dijo Turley. “Este es el problema que se tiene cuando ignoran la estructura constitucional. Este asunto siempre debió haberse quedado en el congreso”.

Los estados argumentan que DACA se había arraigado a tal grado en el sistema migratorio que acabarlo de manera abrupta fue “arbitrario y caprichoso”, y que un cambio total exigía una mejor explicación de la que los funcionarios de este gobierno dieron el martes 5 de septiembre.

La demanda establece que: “Varios funcionarios públicos de ambos partidos políticos han reforzado la promesa del gobierno federal de proveer continuidad y un trato justo a los beneficiarios del programa DACA y han reconocido que estos habían confiado en las declaraciones del gobierno para solicitar su admisión al programa”.

Michael J. Wishnie, catedrático de la Facultad de Derecho de Yale que forma parte de otra acción legal contra el gobierno en nombre de un beneficiario de DACA, en una demanda separada, dijo que los funcionarios, sí tienen permitido cambiar una política.

“Sin embargo, cuando la gente ha confiado en ella”, mencionó, “tienen que dar explicaciones”.

Andrew J. Pincus, un abogado con sede en Washington que ha comparecido más de una vez ante la Corte Suprema de Estados Unidos, sugirió que la estrategia de Trump respecto del programa DACA podría ser vulnerable en los tribunales, en parte debido a que ha hecho relativamente poco para justificarla como una cuestión de políticas públicas.

El gobierno de Trump ha declarado que retira la política de Obama principalmente debido a que es una necesidad legal ya que, argumenta, DACA tendría pocas probabilidades de sobrevivir la impugnación que se esperaba de los fiscales generales republicanos. Devin O’Malley, vocero del Departamento de Justicia, defendió el anuncio respecto de DACA al calificarlo de ser un correctivo para la extralimitación del gobierno de Obama.

No obstante, Pincus alegó que, si un tribunal decide que la política subyacente de DACA es legítima, se podría acabar con ese razonamiento.

“El mismo fundamento para revocar DACA es la conclusión de que es ilegal”, aclaró Pincus, quien apoya la política del gobierno de Obama. “Si estás equivocado, tu decisión es arbitraria y constituye un abuso de juicio”.

En el corto plazo, la ofensiva legal podría ayudar a provocar una mayor oposición política a la decisión de Trump, al darle a los activistas, empresas y a otros grupos de interés una forma de magnificar sus objeciones a través de escritos ante los tribunales y presionando aún más a los legisladores a actuar. Varias empresas privadas, entre las que se encuentran Microsoft, Amazon y Starbucks, han presentado o se espera que presenten documentos en apoyo a la demanda multiestatal.

Brad Smith, presidente de Microsoft y director jurídico, indicó que la empresa usaría sus recursos considerables para oponerse a la política de Trump de otras formas: manifestó en la publicación de un blog el martes que Microsoft pagaría los costos legales de cualquier empleado al que el gobierno amenace con la deportación, y la empresa declaró en un documento legal que 39 beneficiarios de DACA eran “empleados actuales o internos actuales o recientes”.

Varios fiscales generales estatales mencionaron que estaban tomando medidas para frustrar la política migratoria de Trump por otras vías. Schneiderman mencionó que su preocupación más inmediata era proteger la información confidencial de los migrantes proporcionada al gobierno al solicitar el estatus de DACA, incluyendo direcciones y huellas dactilares.

Los funcionarios migratorios indicaron después del anuncio de la revocación del programa que esa información personal no se usaría “proactivamente” para arrestar a los inmigrantes después de que expire DACA, sino que se haría disponible para investigaciones penales y de seguridad nacional.

Becerra argumentó que el litigio venidero de su oficina sería parte de una estrategia más amplia de resistencia a la orden migratoria de Trump. “No me importa si nos sometemos a los juicios jurídicos o de la opinión pública, pero vamos a dar pelea”, afirmó Becerra.