En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos como carnicerías, cafeterías y salones de belleza cerraron sus puertas en las últimas semanas.

Arizona está ubicada en la frontera de Estados Unidos con México, por lo que la mayoría de indocumentados son mexicanos.

Durante el fin de semana, muchos familiares de inmigrantes ilegales en Phoenix organizaron ventas de jardín improvisadas en vecindarios latinos en el centro y oeste de Phoenix para poder vender todas sus pertenencias.

La mexicana Gabriela Jaquez, de 37 años, dijo que vende sus pertenencias para mudarse a Nuevo México con su esposo, que tiene la residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.

A unos pocos pasos, su vecina mexicana indocumentada Wendi Villaseñor vende una mesa de cocina, algunas sillas y algunos platos mientras su familia se apresura para salir de Arizona, antes que entren en vigor fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales.

"Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose", dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pensilvania.  "No tenemos alternativa, nos arrinconaron", agregó Villaseñor.

La ley que entrará en vigencia el jueves es la más dura que haya impuesto un estado de Estados Unidos para detener la inmigración ilegal, que busca sacar de Arizona a más de 400.000 jornaleros, jardineros, empleados, camareras y otros trabajadores indocumentados, que comparte frontera con México.

La legislación vuelve la inmigración ilegal un crimen estatal y exige a la policía local y estatal, durante un contacto legal, investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es un inmigrante indocumentado.

El gobierno estadounidense estima que unos 100 mil inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el estado aprobó una ley que sanciona a los empleadores y le exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal.